El día 26 de enero del 2016, agentes armados de la corporación Central Romana (CR) desalojaron por la fuerza a unas sesenta familias de sus hogares en dos incidentes en la República Dominicana. La CR, empresa que inició sus operaciones en 1912, se ha convertido en el mayor productor de azúcar de este país. Posee grandes extensiones de tierra en las inmediaciones de El Seibo y mantiene una política de expansión.
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El primer desalojo ocurrió en el batey Los Cajuilitos y el segundo en el sector de Villa Guerrero en la provincia de El Seibo, ambas comunidades rurales donde los cultivos de caña de azúcar, pertenecientes a la CR, ocupan la mayor parte del territorio.
Esa madrugada Clarivel Álvarez, una de las damnificadas, madre de dos niños, y ahora representante de las familias desalojadas, se resistía a salir de su casa, temiendo por la vida de sus hijos. Decía desconfiar de las intenciones de los hombres que destruían todo lo que veían a su paso.
“A esa hora nos agarró un tremendo aguacero” explicó Olga Mejía, otra de las desalojadas. “En ningún momento presentaron título de propiedad ni papeles de desalojo.” Aún así, destruyeron las viviendas de unas sesenta familias y que incluso amenazaron de muerte a las personas que se negaban a salir de sus hogares.
Cuatro años más tarde y tras haber logrado el apoyo de las Naciones Unidas, pero no el de la justicia en su propio país, veinticuatro de estas familias denunciaron este enero en EE.UU. a la corporación Fanjul, un conglomerado azucarero e inmobiliario establecido en West Palm Beach y en la República Dominicana, y a la corporación Central Romana (CR), una de sus inversiones minoritarias, por lesiones, daños y perjuicios, físicos y psicológicos.
La demanda del sur de la Florida argumenta que es necesario trasladar la pelea legal a EE.UU., dónde tiene la sede la corporación Fanjul y donde tambien opera la CR porque “Fanjul es el mayor terrateniente y el mayor empleador en República Dominicana, así como el principal productor de azúcar en República Dominicana. Fanjul ejerce una influencia descomunal en República Dominicana, incluso en el gobierno y el sistema judicial. Dada su influencia, los demandantes no tendrían una oportunidad justa para litigar sus reclamos.”
Las familias demandantes alegan que los desalojos se llevaron a cabo sin orden judicial. Además, argumentan, que fueron asaltadas, y que la fuerza armada de la corporación Romana Central les retuvo contra su voluntad por horas, mientras les obligaba a presenciar como demolían sus viviendas con “amenazas intencionales de violencia” y propiciando “la creación de un temor.”
La corporación Fanjul en la Central Romana, considera que las acusaciones carecen de fundamento ya que los terrenos pertenecen a CR. Alfonso Fanjul y J. Pepe Fanjul afirman en un comunicado que la fiscalía de República Dominicana ya había investigado y dictaminado que las acciones de la Central Romana se ajustaron a la legislación vigente. Además añaden, las gente fue expulsada por procuradores de la ley (law enforcement pursuants). Por su parte, Jorge Estula, portavoz de la Central Romana en la República Dominicana, explicó que la CR desconoce el contenido de la denuncia del sur de la Florida, al no haber recibido notificación oficial de la misma.
“No sabemos si vamos a conseguir mucho o poco, pero esto busca evitar que otras familias padezcan lo que éstas sufrieron,” dice el padre dominico Miguel Ángel Gullón, quién ha tomado en sus manos el caso de los desalojados, y lo ha llevado con éxito hasta las Naciones Unidas en Ginebra.
Una primera consecuencia de esta demanda fue que la CR perdió la posibilidad de certificar su producción de caña azucarera sostenible por parte de Bonsucro, una ONG basada en Londres que promueve este tipo de producción. Ahora Estula, enfatiza que tienen otra certificación: la de ProTerra. La Junta Directiva de esta asociación global de productores “decidido no aceptar la Central Romana en la certificación de Bonsucro de momento,” mientras se define su situación legal en EE.UU., explica en una carta Rafael Seixas, gerente de membresías de Bonsucro.
Ni la gobernación de El Seibo, una de las treinta y dos provincias de la República Dominicana, ni sus medios locales más reconocidos denunciaron los desalojos. “Ahora el Tribunal Supremo ya ha dado permiso a la Central Romana para desalojar otras 300 familias. Yo ya le he dicho que no las van a sacar,” dice Gullón.
En esta región de República Dominicana hace varios años un grupo de familias comenzaron a establecerse a orillas del camino de Matencio y en la cercanía del batey Los Cajuilitos. Hasta la madrugada del 26 de enero del 2016, Claribel Álvarez, llevaba ocho meses allí. “Yo vivía en la casa número 5 del Camino de Matencio”, declaró Álvarez, haciendo referencia a la vivienda que ella construyó con recursos propios.
La CR afirma en su página oficial en Internet que ha construido miles de casas en la zona urbana y la zona agrícola de la región, para el beneficio de los empleados y sus familiares, convirtiéndose en la empresa líder de este rubro a nivel nacional. Según el padre Gullón los beneficiarios son en su mayoría haitianos indocumentados: “Trabajan de sol a sol por salarios muy bajos. No descansan ni un día de la semana, solo paran en año nuevo y viernes santo. Cuando llega el momento de retirarse, tienen que irse de la casa que le pertenece a la compañía y no reciben ni una pensión de jubilados.” Las familias desalojadas no son haitianas y por lo tanto no trabajan en la Central.
Según Álvarez, hasta esa madrugada, no había visto a nadie reclamar la propiedad de la tierra. “Cuando decidí asentarme en ese camino, lo hice por necesidad. Era madre soltera de dos niños y no me alcanzaba para pagar la renta y comer. Entonces me asenté ahí con un grupo de familias también humildes”.
Morena Sánchez afirmó que en el pueblo todos sabían que el camino de Matencio no era de nadie. “Como no era de nadie nos metimos ahí para darles un techo a nuestros hijos”.
Tal y como muestran las imágenes filmadas en celulares por los damnificados, hubo los desalojos se hicieron a la fuerza y ninguno de los dos incidentes se mostró autorización judicial o presencia o agentes del Ministerio Público.
Un grupo de las víctimas ha intentado encontrar justicia. En primera instancia acudieron a autoridades como el Gobernador Provincial. Álvarez declaró que el gobernador prefirió no meterse porque si lo hacía podría perder su cargo. La Alcaldía Municipal tampoco quiso intervenir. “Acudimos también a la prensa, pero casi nadie se atrevía a involucrarse,” dijo Álvarez.
El padre Gullón ha solicitado ante el Ministerio Público conciliar que las familias afectadas reciban una indemnización de 30 mil dólares, una vivienda, un trabajo y las tierras. Condición que no aceptó la contraparte de la CR, alegando y mostrando que mantienen la propiedad de esos terrenos desde 1960.
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