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Más de 24 familias de la comunidad de El Seibo en República Dominicana siguen a la espera que de que un juez de la Corte del Distrito Sur de Florida determine si procede o no la demanda interpuesta contra dos gigantes azucareros.
Las familias piden reparaciones a la Corporación Fanjul (CF), un conglomerado azucarero e inmobiliario establecido en West Palm Beach y en la República Dominicana, y la Corporación Central Romana (CR), una de sus inversiones, que CF considera minoritaria. Alegan haber sufrido daños materiales y sicológicos ante el desalojo violento y la posterior destrucción de sus viviendas, a manos de los guardias de la CR en la noche del 25 de enero, hace ya cinco años.
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“Alguien tiene que hacer algo, esto tiene que parar”, expresa Emily Sierra. Y es que los desalojos continúan. La señora Sierra perdió su casa en un nuevo desalojo el pasado 9 de julio, en plena pandemia.
Según el padre dominico Miguel Ángel Gullón, quien apoya las luchas legales de las familias de El Seibo desde el primer desalojo en el 2016, en estos momentos, la CR mantiene bajo “nueva amenaza de desalojo” a otras 40 familias con más de 50 niños menores de 10 años.
Como SFMN publicó anteriormente, las familias desalojadas en el 2016 recurrieron ante las autoridades locales de la República Dominicana, escalaron su caso hasta las Naciones Unidas, pero el pleito no progreso.
“Se archivó el proceso por parte de un juez, no hubo apelación, y el plazo se venció”, asegura Guillermo Nolasco, representante legal de las familias desalojadas este verano en la comunidad de El Seibo.
Tras agotar las vías legales en República Dominicana, veinticuatro familias decidieron entablar una demanda en la Corte del Distrito Sur de Florida alegando que el desalojo fue ilegal y brutal.
“Tuve que cubrir a la niña con lo primero que encontramos y ahí entonces salimos a ver qué es lo que iba a ocurrir y no dio tiempo a nada”, relata Emily, quien asegura que desde entonces, ambas están traumatizadas: “He quedado nerviosa, cualquier cosa me altera y a la niña por igual, hemos quedado con unos nervios así.”
Por su parte, los abogados que representan al grupo empresarial de los Fanjul y a la CR han pedido que desestime la demanda. Alegan que debe ser atendida en la isla y no en suelo norteamericano porque CF no tiene injerencia directa en las operaciones de Central Romana y la corte del Sur de la Florida no posee jurisdicción.
“Hay seguimientos, aunque la pandemia retrasó todo. La demanda está puesta y sabemos que la han querido anular, ahora está en proceso,” explica Gullón.
La última réplica jurídica, presentada a finales de en el sur de la Florida, se suma un conjunto de intercambios que responden a la petición CF y CR de que se desestime la demanda. Los demandantes profundizaron en el argumento de que la Corporación Romana, CR, es un “alter ego”, que en lenguaje jurídico quiere decir una institución creada por otra entidad, en este caso la Corporación Fanjul, CF, como escudo legal de sus propietarios.
La CF y la CR comparten maquinaria, fondos, personal y espacios de oficina, aseguran los demandantes, y por red de propiedades empresariales. Por ejemplo, la CF es propietaria de 5100 acciones de Agro-Industrial Management, quien a su vez es propietaria del 35% de las acciones de CR. CF también es propietaria del 72% de las acciones de Florida Crystals (FC). Por su parte, FC a través de su subsidiaria Okeelanta Corporation realiza continuos pedidos directos a CR, dice la demanda. Por otro lado, diez de sus ejecutivos comparten labores directivas y operacionales entre todas las corporaciones.
Mientras se espera la resolución de esta denuncia en el Sur de la Florida, y coincidiendo con la conmemoración de los cinco años del primer desalojo, el abogado Guillermo Nolasco interpuso el mes pasado en República Dominicana una nueva demanda contra de CR por el desalojo de 25 familias y casi un centenar de personas en la comunidad de El Seibo durante la madrugada del 9 de julio de 2020.
“Vamos a requerir que de manera inmediata se restituyan las propiedades y bienes destruidos y que se pague una indemnización de $3.5 millones (de dólares) a los afectados,” declaró Nolasco.
Y de agotarse sus opciones en la isla, estas familias sin hogar podrían decidir saltar el charco y seguir el mismo argumento legal presentado por la primera demanda en EE.UU.: “Fanjul es el mayor terrateniente y el mayor empleador en República Dominicana, así como el principal productor de azúcar en República Dominicana. Fanjul ejerce una influencia descomunal en República Dominicana, incluso en el gobierno y el sistema judicial. Dada su influencia, los demandantes no tendrían una oportunidad justa para litigar sus reclamos (en este país).”
Silvana Luna y Sylvana Perez contribuyeron en este reportaje.
