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El Congreso ya había aprobado fondos esenciales para los distritos escolares antes del inicio del nuevo año académico en otoño de este año. Estos recursos estaban destinados a apoyar la capacitación de maestros y programas extracurriculares, especialmente en distritos de bajos ingresos.
Sin embargo, la reciente decisión federal de congelar miles de millones de dólares en fondos educativos ha generado preocupación y confusión entre los funcionarios que ya contaban con ese dinero para su planificación.
Ante esta situación, 24 estados y el Distrito de Columbia, todos liderados por demócratas, han presentado una demanda para que los fondos sean restablecidos. Aunque las jurisdicciones demandantes comparten una afiliación política, los funcionarios estatales aseguran que el problema no es partidista. Sostienen que el presidente actuó fuera de su autoridad al retener recursos previamente aprobados por el Congreso, lo que consideran una acción inconstitucional.
“Para apoyar a nuestros niños y a nuestras familias, este financiamiento es fundamental”, declaró el Fiscal General de Massachusetts, Joey Campbell. “Si esta última acción federal no se detiene, nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestras escuelas y nuestras comunidades sin duda sufrirán”.
Además del impacto legal, los estados argumentan que la retención del dinero ya ha afectado la planificación escolar, la contratación de personal y la organización de presupuestos en todo el país.
