Don Chencho, un coyote profesional que pidió el anonimato, empezó hace 35 años como enganchador de migrantes para otro coyote. Dice que con el paso del tiempo, comenzó a conseguir personas para que engancharan a migrantes para él.
“El precio por cada persona varía dependiendo de la ruta. Por ejemplo, la ruta terrestre es más barata, pero es más lenta, y la vía aérea es más cara pero más rápida. A veces, si las personas no tienen el dinero, pueden dejar propiedades como garantía”.
A través de servicios como el de Don Chencho, cientos de miles de migrantes buscan cruzar la frontera de México y Estados Unidos, la más transitada del mundo, con millones de personas y vehículos cruzando anualmente.
Los migrantes dependen muchas veces de los “coyotes”, individuos que se encargan de ayudar a los migrantes a cruzar las fronteras a cambio de una tarifa. Sin embargo, este proceso está lleno de complejidades, muchas veces envenenado por la usura y prácticas ilegales que dejan a los migrantes vulnerables, explotados y deportados a sus países de origen sin nada o ahogados en deudas.
A pesar de las estrictas políticas migratorias, los coyotes siguen siendo los facilitadores principales para quienes buscan alcanzar el “sueño americano”. Sin embargo, como en todo mercado, existen tanto costos legales como ilegales asociados con el servicio de los coyotes. Según don Chencho, el negocio de la migración se basa en el enganche de personas, quienes pagan por cruzar.
“Los 125 mil quetzales (unos 16 mil dólares) es por la ruta terrestre, y el proceso tarda de 15 a 20 días. En cambio, la ruta aérea es más cara, hasta 180 mil quetzales (unos 23 mil dólares), pero solo toma de 4 a 5 días. Se trabaja con un cartel mexicano que los transporta por avioneta hasta la frontera de Tijuana”, dijo don Chencho.
A partir de la pandemia del Covid-19 en 2020, la migración proveniente de América Latina y el mundo aumentó significativamente. La gran mayoría busca llegar a Estados Unidos por México y el Caribe. Según datos de la Patrulla Fronteriza, unas 250,000 han cruzado la frontera cada año, con beneficios económicos para los coyotes de miles de millones de dólares
La vía terrestre garantiza una credencial mejor conocida como pase, que deja que el migrante se pueda mover legalmente en los estados del Sur de México.
“Pues aquí en Guatemala se saca el pase en Tapachula, se le saca una credencial mexicana. Con esa credencial mexicana, pues se transporta a las personas por vía terrestre hasta Puebla. Ahí se le entrega a las personas. A un grupo mexicano, que ellos son los encargados de llevarlos hasta la frontera”, dijo don Chencho.
La Usura: Un Problema Legal y Social

A medida que los migrantes intentan pagar por el cruce, se presentan situaciones problemáticas cuando no tienen los fondos suficientes para cubrir el costo del viaje. En estos casos, muchos recurren a dejar una propiedad o vehículo como garantía, pero esto puede llevar a prácticas abusivas como la usura.
“Las personas pueden dejar una garantía. O sea, algún inmueble o algún vehículo en garantía. Se va con un abogado y se hace la compraventa. Si es una propiedad, una casa o un terreno que cubra el valor del costo del viaje. Si las personas no cancelan el efectivo, pues se queda uno con la propiedad como garantía. Lo pueden recuperar, pero ya con intereses”, dijo don Chencho.
Según la abogada guatemalteca Angela Rodas, las compraventas de bienes como forma de garantía son legales, pero los intereses excesivos y las cláusulas abusivas son ilegales.
“Las compraventas son legales si se usan para asegurar el pago, pero cuando hay cláusulas abusivas, como intereses extremadamente altos, podemos estar hablando de usura. Esto se puede denunciar ante la justicia, pero es importante probar que los intereses son excesivos según las tasas reguladas por el Banco de Guatemala”, dijo Rodas.
Según ella, la usura se prueba comparando la tasa de interés del contrato con la tasa de interés máxima permitida por el Banco de Guatemala.
“Sin embargo, el juez tiene la última palabra, y muchas veces el contrato está diseñado para evadir las regulaciones”.
Y agrega que hay diferentes clases de transar.
“Una es compra-venta, porque ahí se asegura el cumplimiento del pago a través del bien inmueble. Que al cumplir la obligación, pues ya regresan, hacen una compra-venta, retornando la propiedad a la persona. También pagarés. Pero he visto que los pagarés que han hecho, que a veces hacen, son intereses exagerados. También nuestra legislación contempla que se puede denunciar un contrato, en este caso es usurero. Aquí existe ese delito de usurería. Cuando se exceden en el pago en cuanto a, o sea, las cláusulas son abusivas”.
Otro esquema ocurre a través de la creación de cooperativas, creadas por los usureros, que se quedan en posesión de las propiedades que los migrantes dejan como garantía.
Los coyotes han aprendido a navegar por los agujeros u omisiones legales. Según el Instituto Notarial de Guatemala, 70% de las viviendas que se han catastrado presentan irregularidades. Por lo tanto, los bienes inmuebles no pueden hipotecarse. Los usureros establecen este tipo de cooperativas para realizar un contrato de compra-venta con el inmigrante y se establecen una renta, con intereses muy elevados, para el pago de la deuda por el servicio prestado por el coyote.
“El fin del negocio jurídico es el crédito, dejando como garantía un bien. Pero, ¿qué pasa si el bien no está inscrito en el registro de la propiedad? No hay certeza jurídica. Entonces, no puede ser una hipoteca porque la hipoteca debe de inscribirse. Por eso es un gravamen. Pero como no hay un registro sobre esos terrenos, entonces, ¿qué hacen las cooperativas? No pueden hacer hipotecas, hacen compraventas”, dijo Rodas.
Entonces, cuando el migrante es deportado y regresa a su casa, deben rentar la casa que pusieron como garantía, en un acto de compraventa. Si no paga, entonces vienen los desalojos. En esos casos se puede argumentar simulación, explica Rodas.
Según ella, algunas cooperativas han perdido casos cuando se demuestra que no hubo una compraventa sino que todo era una simulación. “
“El negocio que se tenía que dar era una hipoteca y no se hizo como tal. Entonces, la cooperativa prácticamente va a perder. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una compraventa y un contrato de arrendamiento donde indican de que esta persona vendió la casa, pero le está pasando una renta o está rentando el bien inmueble, que en este caso va a ser propiedad de la cooperativa”.
En ese momento la situación se complica jurídicamente, explica Rodas, porque se supone que el objetivo de la cooperativa es ayudar a sus asociados y habría que demostrar que los inmuebles no son una propiedad de la cooperativa sino una posesión.
El Futuro del Mercado de Coyotes y la Necesidad de Regulación
El fenómeno de los coyotes, aunque tradicionalmente asociado con la migración ilegal, también refleja la desesperación de aquellos que buscan una vida mejor. Mientras que algunos migrantes logran cumplir su sueño, otros se encuentran atrapados en un ciclo de deuda y abuso.
El aumento de este tipo de prácticas señala la urgente necesidad de reformas en las políticas migratorias, pero también de una mayor regulación en los mercados financieros y en las prácticas legales que afectan a los migrantes.
Como señala la abogada Angela Rodas, la falta de regulación y las malas prácticas jurídicas perpetúan el sufrimiento de las personas que ya enfrentan obstáculos significativos para comenzar una nueva vida.
