La reciente deportación de más de 250 venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua ha aumentado las tensiones dentro de la comunidad venezolana en Doral, Florida.
Muchos venezolanos apoyan las políticas de Presidente Donald Trump sobre la deportación de miembros de pandillas, pero ahora temen ser injustamente agrupados con estos criminales.
Carol Durán Pérez, al igual que muchos otros venezolanos, celebró la elección de Trump, atraída por su postura firme contra las organizaciones criminales, incluida su promesa de actuar contra la violenta pandilla Tren de Aragua.
Sin embargo, lo que no esperaba era que esas políticas pusieran su estatus migratorio en limbo y sembraran miedo en su comunidad. Durán Pérez es una de los cientos de miles de inmigrantes de Venezuela que recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) bajo la administración de Biden. El presidente Trump eliminó ese beneficio para todos los venezolanos.
“Esto fue un golpe duro porque, prácticamente el mismo día que asumió, fue en contra de los venezolanos. Parecía algo personal”, dijo Durán Pérez.
Carol no está sola. Doral, un suburbio de Miami conocido popularmente como “Doralzuela”. Es el hogar de 27,000 inmigrantes venezolanos, más que cualquier otra ciudad en EE. UU.
Ros-Ana Guillen, es parte de esta comunidad, y destacó las diversas contribuciones de los inmigrantes venezolanos.
“Tenemos médicos, ingenieros, peloteros, músicos. Tenemos una comunidad hermosa. Llegaron aquí legalmente, pagan impuestos y contribuyen a nuestra economía”, dijo Guillen.
Guillen cree que es un error que la administración Trump agrupe a todos los venezolanos con las pandillas criminales, argumentando que no deben ser estigmatizados de la misma manera.
La vicealcaldesa de Doral, Maureen Porras, también expresó su preocupación sobre el impacto de tales políticas en la identidad de la ciudad.
“Sin esa comunidad, creo que Doral dejaría de ser lo que es. Nos convertiríamos en una ciudad que perdería a muchos de sus residentes”, dijo Porras.
En respuesta a la revocación del TPS, un grupo de venezolanos ha demandado a la administración Trump, argumentando que la decisión fue ilegal por múltiples razones.
