Miles de familias en Estados Unidos viven hoy con incertidumbre luego de que el gobierno federal anunciara el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Nicaragua, Honduras y Venezuela. La decisión afecta directamente a más de 400,000 personas que han vivido legalmente en el país bajo esta medida, y deja en el limbo a muchas familias con hijos nacidos en EE.UU.
Organizaciones de inmigrantes y activistas tales como My Voice Counts y la Alianza Nacional de TPS se han movilizado con urgencia. Cada mes, muchos viajan a Washington D.C., dejando trabajos y hogares atrás para pedir al Congreso una solución permanente.
“Todos los meses venimos al Congreso, no es algo fácil. Requiere mucho dinero, requiere tiempo”, dijo Fabiana de Bravo, voluntaria de la organización My Voice Counts. “Tenemos que soltar nuestros trabajos, pero estamos acá con la intención de apoyar a más de 400,000 venezolanos”.
Además de la amenaza de separación familiar, la pérdida del TPS significa también la pérdida del permiso de trabajo.
“Con el TPS nosotros mantenemos a la familia, porque si no tenemos un permiso de trabajo no podemos trabajar”, dijo señaló Pedro Zelaya, beneficiario de TPS y miembro de la Alianza Nacional de TPS en Maryland. “Entonces es muy difícil, y no solo para nosotros, para todos los inmigrantes que viven en este país”.
Sin esa autorización, miles de personas podrían quedar sin ingresos ni opciones claras.
