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La Corte Suprema de Estados Unidos abrió esta semana su nuevo período de sesiones con una agenda que podría redefinir desde los límites del poder presidencial hasta los derechos individuales y electorales.
Esta semana, los magistrados escucharon Chiles vs. Salazar, un caso que busca determinar si los estados pueden prohibir la terapia de conversión para menores. La medida, vigente en varios estados, enfrenta críticas de grupos religiosos que aseguran que la prohibición viola la libertad de expresión.
Este miércoles, la corte analiza Bost vs. la Junta electoral del estado de Illinois, un caso que cuestiona si los estados pueden contar los votos enviados por correo después del día de las elecciones.
En los próximos meses, los jueces también considerarán la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo una ley de emergencia de 1977, así como su orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. Ambos casos, pondrán a prueba los alcances del poder ejecutivo.
También se espera que el tribunal escuche un caso que afecta a miles de personas de Venezuela y de otros países que viven en el país bajo el programa de estatus de protección temporal (TPS), además de disputas sobre derechos de armas y la ley de derechos electorales.
Las primeras decisiones podrían conocerse en las próximas semanas, aunque los fallos más importantes llegarán hacia el verano de 2026.
