En junio de este año, el gobierno del presidente Joe Biden consideró a Miami como el epicentro de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos.
Tan severa es la crisis que, en promedio, un residente promedio tendría que gastar el 77.1% de sus ingresos para pagar una vivienda en ese condado, según RealtyHop, un sitio web de información y análisis del mercado inmobiliario.
En comparación con mayo del año pasado, los inquilinos en Miami pagaron en renta casi un 46% más en mayo de este año que el mismo mes del año pasado, según datos de Realtor.com.
Las rentas no solamente se han incrementado entre un 20 y un un 50% en lo que va de año, sino que también aumentaron las órdenes judiciales de desalojo de viviendas residenciales, llegando a 5,499, un 23% más en 2021 que en 2020, según datos del condado de Miami-Dade.
El problema con los desalojos, que incluye muchos casos de abuso de los arrendatarios, es que, aunque el desalojo no se haya hecho oficialmente, el mismo queda en el récord de la persona, dificultándole conseguir una nueva vivienda en renta.
Esta situación también afecta a las personas que recurren a la Sección 8 o el programa federal de ayuda de pago de alquiler de vivienda a personas de bajos ingresos, discapacitadas o aquellas que han sufrido desalojos.
En su documental, Valeria Conde nos cuenta la historia de cuatro personas y una familia recientemente desalojadas de sus viviendas, en situaciones diferentes, todas dramáticas, una situación que se repite copiosamente desde hace un par de años aquí en el Sur de la Florida y en diversas ciudades de Estados Unidos.
