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La nueva política de la administración Trump, que impone una tarifa de 100 mil dólares a las solicitudes nuevas de visas H-1B, ha encendido las alarmas en industrias que dependen ampliamente de trabajadores internacionales, como la salud, la tecnología y la educación superior.
La medida fue creada tras una proclamación firmada por el presidente Donald Trump el 21 de septiembre de este año y aplica únicamente a las peticiones presentadas a partir de esa fecha. La Casa Blanca asegura que el objetivo es incentivar a las empresas a contratar primero a trabajadores estadounidenses. Sin embargo, críticos de distintos sectores —desde universidades hasta hospitales rurales— advierten que el cambio podría agravar la escasez de personal en campos donde ya es difícil cubrir puestos esenciales.
Scott Darius, director ejecutivo de Florida Voices for Health, trabaja con comunidades rurales que luchan por acceder a atención médica básica y afirma que el impacto ya se siente en Florida.
“Ya enfrentamos una escasez increíble de proveedores,” dijo Darius. “Esto solo añade otra barrera para la gente que necesita atención.”
Investigaciones muestran que los médicos con visas H-1B son más propensos que los formados en EE. UU. a trabajar en zonas rurales y de bajos ingresos. Por ello, organizaciones como la American Hospital Association y la American Medical Association han pedido que los profesionales de salud sean exentos de la nueva tarifa, argumentando que estas comunidades serán las más afectadas. Hasta el momento, no se ha otorgado ninguna exención.
A nivel nacional, se estima que 442 mil beneficiarios H-1B ejercen actualmente en el país. Históricamente, la mayoría de estas visas se destinan a empleos en informática, mientras que solo 5,640 fueron aprobadas en 2023 para trabajos en salud y asistencia social.
El sector de educación superior también ha expresado preocupación. El American Council on Education envió cartas al Departamento de Seguridad Nacional advirtiendo que la medida podría desalentar a estudiantes internacionales y dificultar la contratación de investigadores y profesores extranjeros.
Grandes empresas tecnológicas, por su parte, alertan sobre un posible “precipicio de habilidades”, es decir, una brecha masiva de trabajadores con conocimientos especializados.
Pero el profesor Ron Hira, experto en políticas laborales en la Universidad de Howard, sostiene que muchas compañías de tecnología utilizan el programa no por falta de trabajadores estadounidenses, sino porque es más barato.
“En lugar de usar la visa H-1B como último recurso, algunas empresas recurren a ella primero,” explicó. “Si puedo pagarle mucho menos a un trabajador H-1B que a uno estadounidense, voy a contratar al H-1B.”
En un análisis reciente para el Economic Policy Institute, Hira encontró que 60% de los empleos H-1B certificados por el Departamento de Trabajo estaban asignados a salarios por debajo del promedio local. En un ejemplo, un programador en Washington fue certificado con un salario de 75 mil dólares, cuando el promedio local para esa misma posición es de 117 mil.
La demanda del programa continúa aumentando. Aunque solo hay 85 mil visas H-1B disponibles cada año, en 2025 más de 340 mil personas las solicitaron. La mayoría de ellas van hacia el sector tecnológico. Y aunque la industria domina el programa, Darius advierte que cualquier reducción en las pocas visas destinadas a la salud podría empeorar la situación.
“Incluso si uno piensa que tenemos suficientes proveedores, la verdad es que no están en las zonas donde se necesitan,” dijo.
