Una reciente audiencia en un tribunal federal de apelaciones ha reavivado el debate sobre la controvertida aplicación de la ‘Ley de Enemigos Extranjeros’ por parte de la administración Trump. Esta medida, utilizada por primera vez en 1798, ha sido invocada para deportar a más de 200 venezolanos sospechosos de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua. Sin embargo, su implementación ha sido duramente criticada, generando preocupación sobre el respeto a los derechos fundamentales de los afectados.
Durante la audiencia, la jueza federal de apelaciones Patricia Millett expresó su escepticismo sobre el trato otorgado a los deportados.
“Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros”, dijo Miller.
Según testimonios presentados en el tribunal, los deportados fueron enviados a El Salvador sin previo aviso ni la oportunidad de impugnar su expulsión. Además, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. reconoció que muchos de ellos no tenían antecedentes criminales en el país.
Los abogados de los deportados argumentan que la administración Trump ha excedido su autoridad al aplicar esta ley en un contexto donde Estados Unidos no está en guerra con Venezuela. La Ley de Enemigos Extranjeros establece que solo puede ser utilizada en tiempos de guerra contra ciudadanos de naciones enemigas, una condición que no se cumple en este caso. Sin embargo, el gobierno estadounidense defiende su decisión, alegando que el poder presidencial le otorga la facultad de expulsar a presuntos terroristas y manejar la política exterior sin intervención judicial.
“De repente, si el poder del presidente no fuera revisable bajo esta ley”, dijo Lee Gelenrt, un abogado de la ACLU, “entonces cualquiera podría ser considerado un enemigo extranjero.”
El caso ha generado gran controversia y podría tener repercusiones en el sistema judicial del país. Actualmente, una orden de restricción temporal impuesta por el juez federal James Boasberg ha bloqueado las deportaciones, pero el Departamento de Justicia busca revocar esta medida. Si la disputa legal continúa escalando, existe la posibilidad de que el caso llegue hasta la Corte Suprema, donde se decidirá el futuro de esta controvertida aplicación de la ley.
