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El programa más grande de Estados Unidos enfrenta cuestionamientos por su rápida expansión y efectos en el sistema escolar público.
Florida destina actualmente cerca de 5 mil millones de dólares al año a los bonos escolares que benefician a casi medio millón de estudiantes, con montos promedio de unos 8,000 dólares por alumno. No obstante, los retrasos en los pagos y las fallas en la supervisión están generando preocupación de que algunos de los estudiantes más vulnerables puedan quedar en riesgo.
Desde su expansión en 2023, el programa de bonos escolares en Florida se ha convertido en el más grande del país. Y aunque el programa promete ampliar las oportunidades educativas, los datos revelan una realidad más compleja.
“Mi hijo tiene autismo y esta escuela es el único lugar donde realmente ha podido avanzar”, comentó Camilo Hernández, padre de uno de los estudiantes de Tampa Pinnacle Academy. “Si los pagos no llegan, no sé cómo voy a mantenerlo ahí y obviamente me preocupa.”
El chico de la familia Hernández, uno de los miles de estudiantes damnificados con dificultades de aprendizaje, revela la dualidad de la ley HB-1: mientras muchos jóvenes se benefician de la expansión del programa, los estudiantes más vulnerables enfrentan incertidumbre y riesgo de interrupción educativa.
Los bonos escolares o vouchers escolares comenzaron como una ayuda económica que el estado asignaba a familias de menores recursos, aquellos con discapacidades o dificultades de aprendizaje o los que asistían a escuelas de bajo rendimiento; y permitían cubrir total o parcialmente el costo de la matrícula en escuelas privadas. Funcionaron así hasta marzo de 2023, cuando el gobierno de Florida ratificó la ley HB-1 y eliminó las restricciones de elegibilidad para acceder a bonos escolares.
Tras este cambio, estudiantes de todos los escalones sociales pueden ahora acceder a los bonos educativos, incluyendo personas que no necesitan de tal ayuda. Siete de cada 10 estudiantes que utilizan estos bonos ya estaban inscritos en escuelas privadas. Es decir, el fondo público actúa como subsidio para familias que pueden costear la educación privada de sus hijos, desviando millones de dólares del sistema educativo hacia instituciones privadas.
A pesar de doblar el monto de inversión en educación, las instituciones privadas no están obligadas a seguir los mismos estándares académicos estatales que rigen a las escuelas públicas. No tienen que reportar sus tasas de graduación, ni publicar presupuestos; pueden contratar a profesores sin que cumplan los estándares estatales y tienen autonomía para crear su propio currículo y escoger sus libros sin estar sujetas a la estricta revisión por parte del estado.
El presupuesto educativo de Florida para 2025–2026 asignó 3.8 mil millones de dólares para bonos escolares a través del Florida Education Finance Program (FEFP). Otro costo adicional proviene del programa de becas mediante créditos fiscales (Florida Tax Credit Scholarship), que reduce los ingresos estatales en aproximadamente 1.1 mil millones de dólares anuales, según las cifras más recientes del Florida Department of Education.
“El gasto total en bonos escolares a través del FEFP y otros mecanismos de financiamiento alcanzará los 5 mil millones de dólares. Los efectos de estos bonos ya se están observando en muchos distritos, que están despidiendo a maestros y personal de apoyo educativo, así como en el cierre de escuelas debido al drenaje de fondos públicos”, señala un informe del Florida Policy Institute, en referencia al año escolar 2025–2026.
El monto promedio de un bono escolar es de aproximadamente 8,000 dólares por estudiante, generalmente entre 7,500 y casi 9,000 dólares, dependiendo del grado y del condado. Los estudiantes con discapacidades suelen recibir montos más altos, cercanos a los 10,000 dólares.
Según el cálculo del FEFP del Florida Department of Education para 2025–2026, las escuelas públicas del condado de Miami-Dade County reciben aproximadamente 10,700 dólares por estudiante. Esta cifra incluye financiamiento estatal y local, y representa una visión más completa de la inversión por alumno.
“Florida tiene que abordar el problema del financiamiento”, dijo este febrero el presidente del sindicato de maestros de la Florida, FEA, por sus siglas en inglés, Andrew Spar, en una conferencia de prensa en Tallahassee, al iniciarse la sesión legislativa de Florida.
El senado, en enero, había aprobado un proyecto de ley, que acabó muriendo a mediados de marzo en la casa de representantes. Hubiera proporcionado mayor transparencia y hubiera fortalecido la rendición de cuentas en el financiamiento de los programas de bonos escolares. Inicialmente, FEA lo consideró un paso en la dirección adecuada para “reducir el desperdicio, fraude y abuso que actualmente afectan al programa de vales”. Aun así, reiteró que esta legislación no era suficiente: quedaba que abordar “los problemas fundamentales relacionados con el desfinanciamiento de la educación pública y la falta de rendición de cuentas académica de las escuelas que reciben vouchers”.
Y es que la última auditoría estatal del Departamento de Educación confirmó lo que ya venían denunciando grupos en defensa de la educación pública de la Florida: la rápida expansión de los programas de bonos había complicado el seguimiento de los fondos, provocando desajustes y situaciones en las que el dinero no siempre se asignaba de forma clara o consistente a los estudiantes. La auditoría advirtió que: “los retrasos en el procesamiento de pagos de becas pueden afectar la entrega oportuna de servicios educativos a los estudiantes participantes.”
De hecho, las inconsistencias en la presentación de cuentas han empeorado los retrasos de los pagos e incluso han provocado la congelación de algunos fondos. Siete escuelas privadas, enfocadas en los más vulnerables; estudiantes con autismo, con discapacidades del desarrolla o con dificultades de aprendizaje, declararon haber tenido que recortar programas educativos fundamentales y perder entre $500,000 y $1 millón cada una. En una denuncia interpuesta a finales de febrero contra Step Up for For Students, la mayor compañía de las tres encargadas de procesar estos bonos escolares, los centros educativos reclaman que esta compañía no pagó a tiempo ni correctamente los fondos de vouchers ya aprobados por el estado.
Más allá de la denuncia, la angustia de la familia Hernández evidencia la contradicción de un programa de casi 5 mil millones de dólares anuales que nació para apoyar a los estudiantes más vulnerables, pero hoy los deja en riesgo de quedar fuera.
Mientras, el futuro del sistema educativo público en el estado queda en una encrucijada. Educadores y activistas se hacen eco de la advertencia del sindicato de maestros ante el inicio de la sesión legislativa: los líderes del estado están menoscabando el “sistema de escuelas públicas gratuitas, uniforme, eficiente, seguro, protegido y de alta calidad” que ordena y garantiza la Constitución de Florida.
