Azúcar con sabor amargo. Más de 4000 familias de ascendencia haitiana residen en los bateyes de El Seibo, República Dominicana, dedicando su vida al trabajo en las plantaciones de caña, y viven en condiciones muy precarias. La gran mayoría no tiene documentos para circular libremente por el territorio dominicano, y por eso crían a sus hijos en asentamientos rurales donde no hay electricidad, agua corriente, o sistema de cloacas.
Una esclavitud moderna donde los cortadores de caña trabajan todos los días bajo el calor agobiante del caribe, y ganan menos de $10 dólares por día. De la misma forma, todos los miembros de los bateyes, incluso los niños, tienen la obligación de cumplir con tareas que pueden llegar a ser forzosas.
“La situación de desarrollo en los bateyes siempre es precaria, porque no tienes todo lo necesario para poder vivir”, explica la dirigente social Epifania St Chals. Y agrega: “Hay agua, pero no podemos decir que sea potable, se usan las letrinas porque no hay cloacas, y tampoco tienen energía eléctrica”.
Desde hace un año, este azúcar producido por la empresa Central Romana se encuentra prohibida por el gobierno de Estados Unidos. Esto ocurrió luego de varias denuncias que expusieron la explotación que sufren los trabajadores.
Según el comunicado oficial del pasado 23 noviembre, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) -en inglés, La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza- encontró cinco indicadores de trabajo forzoso en los bateyes de Central Romana, incluyendo “abuso a las condiciones de vulnerabilidad, el aislamiento, la retención de salarios, las condiciones abusivas de trabajo y de vida, y horas extras de trabajo excesivas”.
Central Romana es el mayor productor de azúcar en República Dominicana, y hasta que se lo prohibió acumulaba el 62.84% de la cuota de este producto exportado a Estados Unidos, es decir, unos $100 millones de dólares en productos cada año. Y a pesar de haber acordado un aumento salarial de 18% para sus trabajadores en los próximos tres años, el bloqueo continúa.
“La mayoría de las personas que viven aquí son personas indocumentadas, que no son nativos de República Dominicana, sino de Haití. Por eso no pueden vivir en la ciudad, por los controles migratorios”, asegura Stephanie Richardson Teodoro, una residente de 23 años y madre de dos niños en Batey Brador.
Ahora, la sensación de seguridad en los bateyes ha desaparecido luego de que el pasado 18 de septiembre, residentes de los bateyes ubicados en la carretera Higüey-El Seibo, denunciaron ante la Dirección General de Migración (DGM) un operativo de la policía migratoria durante la madrugada, donde se requisaron casas, y aprehendieron trabajadores para deportarlos.
“No te preguntan si tienes la cédula, solo se llevan a la gente”, concluye Geleysi, una madre de un bebé recién nacido que vivió toda su vida en Batey Brador.
